martes, 10 de diciembre de 2013
DESAPARICION DE LAS VIVIENDAS SOCIALES
Derecho a la vivienda, artículo 47 de la constitución. “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
El Ivima fundado en 1984 se creó para hacer frente a las demandas organizativas y funcionales en materia de vivienda derivadas de las transferencias del estado a la comunidad de Madrid. Sus funciones son el fomento de la construcción de viviendas de protección para el acceso a las mismas de los colectivos de mayor riesgo de exclusión social, como son jóvenes o rentas especialmente bajas.
Por otro lado el decreto 226/1988 del 30 de Diciembre regula la reducción del precio de las rentas de las viviendas administradas por el Ivima, incorporándose dos modificaciones en el 2000 y 2013. Este decreto lo que pretende es adecuar el precio de la renta a la situación económica del arrendatario garantizando el cumplimiento de sus obligaciones contractuales sin que se caiga en la beneficencia. Este decreto regula las condiciones de acceso a esta reducción, estas reducciones tienen un plazo de 2 años renovables.
Perdida de la disponibilidad pública de viviendas sociales
El derecho a la vivienda, descrito en el artículo anterior de la constitución, y en particular el acceso a la vivienda social, en la comunidad de Madrid, prioritario para el bien personal, familiar y social de ciertos colectivos sería del todo imposible, este derecho se ve vulnerado y adulterado a través de las últimas iniciativas gubernamentales buscando otros beneficios que no son sociales, como por ejemplo desviación de reducción de déficit en partidas sensibles socialmente y no en gastos innecesarios injustificados.A partir de ahora se da parte de la gestión, a veces no pequeña, a entidades privadas sin que exista una justificación de experiencia en el tema, sin unos criterios claros, objetivos ni profesionales. Por otro lado se venden viviendas de titularidad pública a entidades privadas y más que privadas en algunos casos especulativas, (Goldman Sachs), lo cual no se sabe en que beneficia al usuario de la vivienda social pero está claro a quien sí. El beneficiario de la vivienda social queda completamente en indefensión, se le dice que se van a seguir manteniendo sus condiciones de contrato, pero al mismo tiempo se les informa que no pueden optar a la reducción del precio de la renta, cuando ésta finalice, (se recuerda que cada 2 años se produce la renovación de ésta). Por otro lado, ¿qué ocurre con los contratos que finalizan?, ¿se van a renovar?, ¿a qué precio y condiciones?, ¿Qué ocurre con los impagos y si se van a producir desahucios?, ¿son titulares de pleno derecho los nuevos propietarios de los pisos?
A los inquilinos de alquiler de vivienda social, que ahora tienen otro arrendador, se les ha dicho que se tranquilicen y que no pasa nada, que sus condiciones no cambian, pero en la realidad ya han cambiado como hemos visto anteriormente y además no hay ningún documento que acredite que todo va a ser igual, pero el caso es que está habiendo cambios legislativos en las leyes de arredramiento, si no se cambie de hecho, si de derecho.
La visión desde la atención en Servicios Sociales
Las trabajadoras sociales de Atención Social Primaria , asistimos en primera línea a los efectos de la sustracción de de derechos que conformaban hasta hoy , los pilares del ya limitado Estado de Bienestar español. Una parte importante de nuestro trabajo con familias en exclusión social o en riesgo de estarlo, se centra en acometer su acceso a una vivienda pública, o a viviendas sociales, o protegidas. El acompañamiento social en éste proceso es con frecuencia objetivo central en la consecución de una vida más digna que todo ser humano merece. Estabilizar el alojamiento de las personas es la cobertura básica, que aporta tranquilidad y seguridad desde la cual iniciar una integración social plena, desde donde estabilizar el resto de relaciones y proteger a su familia.Este lugar transversal que ocupan los Servicios Sociales en el ámbito de los derechos sociales, implica ayudar a las personas a acceder al resto de sus derechos, hoy se ve interpelado por una política de recortes, que no es más que una política de mercado salvaje y de desprotección social. Como en otras prestaciones de derecho, (sanitarias por ejemplo), detectamos además de la incertidumbre descrita anteriormente, la diversificación de situaciones y programas en “políticas públicas de vivienda”, así un derecho humano empieza ser discrecional y graciable. Difícil de informar y apoyar por parte de los profesionales y más complicado de acceso para las personas que más lo necesitan.
LOS DESPROTEGIDOS POR LA NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL
http://ccaa.elpais.com/ccaa/
http://www.lasexta.com/
domingo, 17 de noviembre de 2013
EL FORO DE SERVICIOS SOCIALES DENUNCIA:
MÁS DE 19 MESES PARA CONSEGUIR UNA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
Desde los
Servicios Sociales Municipales seguimos constatando con indignación, cada vez
más creciente, el recorte que de forma silenciosa, sin publicidad y sin debate
político ni social se está llevando a cabo con una prestación que se supone
garantiza la cobertura de necesidades básicas para aquellas personas que se
encuentran en grave riesgo de exclusión social debido, entre otras causas, a la
carencia total de ingresos y recursos económicos, después de haber agotado
todas aquellas prestaciones contributivas y no contributivas gestionadas por la Administración Pública.
El Decreto
147/2002 que regula el reglamento de la Renta Mínima de Inserción, en su artículo 38, establece que tras solicitar la prestación, se
contestará al solicitante en un plazo máximo de 3 meses, por lo que se supone,
que si el expediente está correcto en 4 o
5 meses, la persona contaría con unos ingresos mínimos…., pero nada más
lejos de la realidad, todos los Trabajadores Sociales somos conocedores de
personas solicitantes de RMI que llevan meses y meses esperando una respuesta
por parte de C. de Madrid.
Si nos
alejamos de los casos y situaciones concretas y queremos saber que
justificación realiza la
Comunidad de Madrid, nos encontramos con cifras que no se
corresponden con la realidad de la que todos somos conscientes, para ello
hacemos referencia a algunos datos publicados la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales:
En el Balance
Anual de la Gestión
de la Renta Mínima
de Inserción en el año 2012, se publica lo siguiente: se registraron 13.923
nuevas solicitudes concediéndose en 2012 la prestación a 3.223 nuevas familias,
se archivaron 2.447 y se denegaron 1.861 expedientes, lo que no dice el Balance
es que, teniendo en cuenta la demora de más de 12 meses en la valoración de las
solicitudes, está claro que las concesiones de 2012 corresponderán a
solicitudes presentadas en 2011, pero en ese año se presentaron 12.576
solicitudes, por lo que los Trabajadores Sociales nos preguntamos: ¿qué ocurre
con estos miles de solicitudes, detrás de las que hay miles de personas?.
Con todo este
recorrido, está claro que se pretende alargar el proceso de valoración de una
solicitud de RMI durante meses y meses, situación más cercana al “vuelva usted
mañana” de una administración decimonónica que a una administración al servicio
del ciudadano del siglo XXI.
Los
Trabajadores Sociales tenemos la obligación de denunciar esta situación, ya que parece que este sector de
población cada vez más numeroso, que se encuentra en una situación de extrema
precariedad económica no se le está prestando la atención que precisan, merecen
y a la que tienen derecho.
Es hora de dar
a conocer la iniciativa de ciudadanxs que son perceptores y solicitantes de RMI
que han creado una plataforma para defender sus derechos y hacerse visibles,
por ello os animamos a que informéis a todos los ciudadnxs que se encuentran en
esta situación de indefensión absoluta, de la existencia de esta plataforma
porque consideramos que, uniendo fuerzas es posible hacerse escuchar.
lunes, 4 de noviembre de 2013
Después de un año de funcionamiento del
FORO SERVSOCIAL MADRID, y como consecuencia de un importante aumento en el
número de sus componentes, hemos decidido comenzar una nueva andadura.
Andadura que se traduce en cambios
significativos en el funcionamiento y también en nuevos planteamientos, algunos
con carácter innovador.
Hasta ahora el FORO SERVSOCIAL MADRID, ha querido señalar con enfoque crítico las
consecuencias de las decisiones políticas que, atravesando nuestras prácticas
profesionales, afectan de forma muy negativa en la ciudadanía, especialmente
aquella atendida desde los servicios sociales.
Este señalamiento se ha visibilizado y
canalizado fundamentalmente a través de este blog y a su vez en la
participación con otros profesionales madrileños en la defensa del Sistema
Público de Servicios Sociales.
Tras una reflexión, consideramos que es
necesario profundizar específicamente en 3 áreas de trabajo con ejes
transversales, dándole forma de Comisión,
a las que denominamos:
1.- Repolitización
de la profesión. Supone emprender un proceso que permita generar ideas
críticas y un debate político en torno a la situación político-social y a las
prácticas profesionales del Trabajo Social.
2.- Defensa
de los Servicios Sociales y reflexiones en torno a las políticas sociales.
Supone iniciar un Trabajo en Red y de alianza con otras organizaciones que ya
están defendiendo el Sistema de Servicios Sociales, tales como el Colegio y
Consejo profesional y otros colectivos. También incluye un análisis y debate sobre
las decisiones políticas de mayor impacto o alcance.
3.- Comunicación.
Supone extender, compartir e intercambiar las ideas y las acciones, así como
favorecer la difusión de las denuncias sobre las consecuencias de las políticas
sociales y su impacto en la vida de la ciudadanía. Incluye la gestión de
contenidos del blog, relación con los medios de comunicación, etc.
El funcionamiento de cada comisión es similar, ya que las personas que la integran nos
reunimos una vez por semana, dejando la celebración de una Asamblea Plenaria del Foro
una vez al mes, para la puesta en común. La sede del Colegio de Trabajadores
Sociales continúa siendo el espacio, al que se han unido otros nuevos, que cada
comisión ha decidido.
Por tanto, en este momento, desde aquí realizamos
un llamamiento a todxs para que os incorporeís a la comisión que os resulte más
motivadora e interesante y entre todxs podamos continuar mejorando y
profundizando en su desarrollo.
Para cualquier comentario y/o sugerencia, a
través de comentarios en el blog
ó del correo servsocialmad@gmail.com.
lunes, 23 de septiembre de 2013
Distintas organizaciones sindicales, a nivel regional, ya ha interpuesto el correspondiente recurso ante el juzgado, pero ¿es esto suficiente? La respuesta es clara, NO, el rechazo y la resistencia han de ser activas, notables, dinámicas y efectivas.
Por eso, debemos exigir :
La aplicación a estos trabajadores de la normativa contractual.
La cotización por su trabajo
El reconocimiento de derechos como el resto de trabajadores/as
Pero ¿Qué podemos hacer?:
Dirigirnos a los trabajadores municipales, uno por uno, para explicar el alcance y la gravedad de medidas como éstas y sus consecuencias sobre nuestro trabajo diario. (el boca a boca en el café puede ser una forma)
Dirigirnos a los partidos políticos en la oposición para que exijan los derechos de estos trabajadores/as. (recuerda, existen hojas de reclamaciones y propuestas en la mayor parte de los registros municipales)
Dirigirnos a las entidades vecinales y a la población para que conozcan esta realidad, sensibilizando y haciendo conscientes del alcance de estas medidas. Siempre existirán cartas para pedir por escrito a nuestros colegios profesionales que actúen.
El rechazo ha de ser unánime, sin titubeos y sin timideces.
Por eso, debemos exigir :
La aplicación a estos trabajadores de la normativa contractual.
La cotización por su trabajo
El reconocimiento de derechos como el resto de trabajadores/as
Pero ¿Qué podemos hacer?:
Dirigirnos a los trabajadores municipales, uno por uno, para explicar el alcance y la gravedad de medidas como éstas y sus consecuencias sobre nuestro trabajo diario. (el boca a boca en el café puede ser una forma)
Dirigirnos a los partidos políticos en la oposición para que exijan los derechos de estos trabajadores/as. (recuerda, existen hojas de reclamaciones y propuestas en la mayor parte de los registros municipales)
Dirigirnos a las entidades vecinales y a la población para que conozcan esta realidad, sensibilizando y haciendo conscientes del alcance de estas medidas. Siempre existirán cartas para pedir por escrito a nuestros colegios profesionales que actúen.
El rechazo ha de ser unánime, sin titubeos y sin timideces.
Trabajadores se incorporan a la
administración pública. ¿Su sueldo?, su paro.
Varios compañeros
Trabajadores Sociales, y de otras profesiones y categorías profesionales, están
siendo llamados desde el SEPE para desarrollar su trabajo en distintos
Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid; Las Rozas, Madrid, Leganés, Alcobendas…
Entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre, muchas personas
en paro trabajaran en nuestro Ayuntamiento.
Las condiciones…leoninas.
CONTRATO
COTIZACIÓN
SALARIO
JORNADA
DURACIÓN
VESTUARIO
PROGRAMA VOLUNTARIO
|
No existe, firman un acuerdo de “colaboración social”
COT No existe, AGOTAN su prestación.
Su prestación, en algún caso se complementara
Con una subvención hasta alcanzar su base de
Regulación
inicial. (Oscilará entre 100€ y 200€)
Completa (7
horas semanales)
¡¡Les reconocen dos días de descanso
semanal!! (léase con ironía)
Seis meses (140horas/ mes x 6: 840 horas)
840 horas efectivas - 60 horas de formación -
48 horas de
orientación profesional
Jornadas
trabajo real ……………. 732 horas
Saldrá de la subvención concedida por
lo pagarán
ellos.
Si lo rechazas puedes perder la prestación
Por desempleo.
|
Mientras el Partido Popular desmantela las administraciones,
y el sistema público, con el discurso de
que “sobran empleados”, la realidad se impone: no sobran, faltan y así
pretenden cubrirlos.
Esta “colaboración” y sus consecuencias son catastróficas:
§ Estos trabajadores trabajarán dos veces para tener derecho a
su prestación.
§ Estos trabajadores no podrán realizar una búsqueda de un
trabajo remunerado.
§ Estos trabajadores se encontrarán una situación ambigüa en
caso de accidentes. (¿si no hay relación contractual , un accidente en el lugar
donde desarrollan la “colaboración” o en itínere se considera accidente
laboral?)
Este
sistema elimina de raíz cualquier empleo digno y de calidad, ¿eso llegará a
afectarnos?
Si
estos trabajadores – porque lo son - trabajan por nada: sin salario, sin
derecho a vacaciones, sin derecho a permisos, sin derecho a pagas, ¿qué
ocurrirá con nuestros derechos?. Obviamente, cotizan a la baja.
El Partido Popular y su tratamiento y políticas ante la
crisis han conseguido generar necesidad y desesperación y habrá parados que
prefieran esto a nada y que vean normal aceptar cualquier cosa. Pero el resto
de trabajadores no podemos tolerarlo.
En numerosos municipios hemos visto cómo bajo la disculpa de
la crisis, de una supuesta sobredimensionada Administración Pública o de la
gestión de competencias impropias del municipio, se ha ido adelgazando el
capital humano de los Ayuntamientos a través de eres (si, se pueden hacer y se
han hecho en la
Administración ), de no cumplir la tasa de reemplazo ante
jubilaciones, bajas, etc…
Hoy se cubren estos puestos a través de los programas de
“colaboración social”, porque, no lo olvidemos, la colaboración dura 6 meses
pero al semestre siguiente el mismo puesto lo cubrirá otro trabaja-colaborador-pringao.
Distintas organizaciones sindicales, a nivel regional, ya ha
interpuesto el correspondiente recurso ante el juzgado, pero ¿es esto
suficiente? La respuesta es clara, NO, el rechazo y la resistencia han de ser
activas, notables, dinámicas y efectivas.
jueves, 18 de julio de 2013
Consejería de Asuntos Sociales ORDEN 68/2013
COMUNIDAD
DE MADRID
Consejería
de Asuntos Sociales
ORDEN 68/2013, de 28 de enero, por
la que se encomienda a la Dirección General de Inmigración la realización de
determinadas actuaciones de apoyo técnico y administrativo en materia de
prestación económica de Renta Mínima de Inserción.
Lleva a meses en vigor esta Orden en la que
se encomienda a la Dirección General de Inmigración, Consejería de Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, la revisión de la Renta Mínima de Inserción a las familias de
origen inmigrante. Revisión que consiste en abrir procesos de revisión,
requerir documentación, requerir a los titulares para comparecencias personales
e incluso ¿¿elaborar propuestas de resolución??
Hemos naturalizado este nuevo “atropello a
l@s ciudadan@s” a través del silencio ya que el nuevo procedimiento se asume
por parte de los profesionales, sin habernos cuestionado sobre el verdadero
propósito: encontrar defraudadores a los que sancionar y demorar el reconocimiento
a la prestación, especialmente entre la población inmigrante a la que
nuevamente culpabilizar del despilfarro en el uso de los servicios públicos,
tal como ya se ha hecho con la sanidad, con el supuesto argumento de la
eficiencia y el ahorro en tiempos de crisis.
Estas razones, que consideramos
“ideológicas” lógicamente están revestidas del eufemismo de racionalización de
los recursos en la gestión. Pero pensemos por un momento que se hubiera
decidido diferenciar la gestión de la R.M.I. distinguiendo entre hombre y
mujeres, con hogar y sin hogar, altos y bajos, morenos y rubios, blancos y
negros, etc.; seguramente nos parecería ridículo, fuera de lugar e incluso
indignante……..
Hace un año fue con la retirada del acceso
a la asistencia sanitaria y ahora el
acceso a la R.M.I. Sobre el discurso del “consumo de recursos”, antes
sanitarios y ahora sociales se vuelve a la carga con la discriminación hacia el
inmigrante. Un discurso muy enraizado en la derecha neoliberal
ultraconservadora que siente, vive y comprende como amenazante al extranjero; y
más en tiempos de crisis “primero para los de aquí……”
Por tanto, el simple “cambio de gestión en el
procedimiento” tiene otros objetivos, que volviendo al eufemismo de pretender
paliar el aumento en la sobrecarga que padece la Dirección General de Servicios
Sociales arremete con la población que de forma más grave está soportando los
efectos de la situación de desempleo en
nuestra sociedad, porque es la que se encuentra en situación más vulnerable y
precaria.
¿Por qué esta “competencia delegada” se
dirige exclusivamente a las familias de origen inmigrante?
Se pueden establecer, entre otras, algunas hipótesis:
1º.- Porque
en general se argumenta que los solicitantes/perceptores
de la RMI son sospechosos de fraude. Recordemos las declaraciones del Consejero
de Asuntos Sociales en la prensa el mes de marzo de este año, de las que se
deduce que es necesario aplicar estrategias específicas de control, abundando
en el discurso “entre todos los potenciales defraudadores los inmigrantes “lo
son más” y hay que “emplearse a fondo”. Se percibe, por tanto, una creencia
ideológica discriminatoria, encubierta
por el eufemismo de la eficiencia de la gestión de los recursos públicos.
¿Todo esto es coherente con las competencias que tiene atribuidas la Comunidad de Madrid en materia de
promoción y ayuda a los grupos sociales necesitados de especial
atención, de tal forma que se procure su incorporación al proceso de
desarrollo económico y social y se eviten, en todo caso, las formas más
dramáticas de exclusión?.
2º.- Porque los CEPIs, espacios y lugar de encuentro entre autóctonos y
extranjeros, dependientes de la citada Dirección General tienen escaso contenido
y ésta nueva encomienda puede validar su continuidad. Es preciso señalar que el
personal que trabaja en estos centros está contratado por empresas privadas y
está realizando tareas propias de la función pública (dar fé, comprobar
documentación que mantiene derechos o los elimina, etc.).
Y no satisfechos con esta tarea de revisar los procedimientos, también se les
ha encargado la misión de organizar la comparecencia anual de todas las
personas y unidades familiares perceptoras de la prestación. Y ya sabemos lo
que ocurrió durante el año 2012: suspensiones cautelares inmediatas, sin
posibilidad de alegación/recurso, solo por no haber comparecido; aunque no se
hubiera justificado el acuse de recibo de la notificación (mínima garantía jurídica en cualquier procedimiento
administrativo).
Parece entonces, que el principio inspirador de los Planes de Convivencia
Interculturales de cualquier municipio en la mitad de la década del 2000,
incluso de la propia Administración Autonómica cuando existía una Consejería de
Inmigración “Facilitar el acceso a los recursos en igualdad de condiciones,
para garantizar la Igualdad de Oportunidades
y Derechos” ha quedado en papel mojado. La crisis lo arrasa todo, lo justifica todo.
La equiparación social
independientemente del origen, etnia o cualquier otro rasgo utilizado como
elemento discriminatorio y la inclusión
social, como forma de asegurar una calidad de vida digna, son pues
objetivos desfasados.
Las/os trabajadores sociales, de los
Centros de Servicios Sociales municipales, conocedores de primera mano de estas
situaciones podríamos tomar conciencia de esta grave discriminación y
denunciarla, a través de varias estrategias:
1ª.- Visibilizar cualitativa y
cuantitativamente esta situación, recogiendo datos, poniéndolos en común en
nuestros lugares de trabajo.
2ª.-
Difundir esta información a través del Colegio Profesional, organizaciones y asociaciones en defensa de
los servicios públicos y entidades específicas de lucha contra la
discriminación y el racismo.
3ª.- Ser portavoces de este nuevo
atropello.
4ª.- Empoderar a los/as solicitantes y perceptores
de la R.M.I. para que denuncien y reivindiquen sus derechos, gravemente
amenazados.
sábado, 29 de junio de 2013
Desde
que un buen día una diputación del Parlamento Europeo se reuniera en una ciudad
del norte de Italia para diseñar el denominado Plan Bolonia –meter la mano
neoliberal en la organización de la enseñanza superior- en una parte no
despreciable del personal docente se ha instalado una profunda insatisfacción
con el régimen interno de la institución así como la duda ante lo que, a partir
de ahora, podrá significar la
Universidad para el resto de la sociedad. Pese a los intentos llevados a cabo por
determinadas fuerzas políticas de acallar toda resistencia contra un proceso
regresivo y empobrecedor, a estas alturas y tras la reforma educativa llevada a
cabo por el ministro Wert y ¿avalado?
por el informe del “Consejo de Expertos de Alto Nivel” – esos brokers de ideas
que no hacen otra cosa que infiltrar sus programas políticos en los medios de
comunicación y en los vaivenes de la opinión pública”-, a nadie se le escapa
que bajo el nombre pomposo de la reforma, lo que intenta desarrollar es una
verdadera reconversión cultural destinada a reducir drásticamente el tamaño de
las universidades sometiendo su régimen de funcionamiento a las necesidades del
mercado y a las exigencias de las empresas, una operación que, como en el caso
de la privatización de los Servicios Sociales, se encuadra en el cotnexto
generalizado de descomposición de las instituciones características del Estado
social y derecho y que concuerda con otros ejemplos, financieramente
sangrantes, de subordinación de las arcas públicas al beneficio privado a que
estamos asistiendo últimamente.
Hoy más que nunca, necesitamos que
de los espacios universitarios y mas allá de las “estrellas del campus”
–supuestos expertos y expertas convertidos en altavoces mediáticos del
neoliberalismo y sujetos a su protección y el mecenazgo- aparezcan otras voces que permitan desvelar
las formas ideológicas e institucionales con las que la clase dominante
pretende transformar el “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea
inevitable” en sentido común asegurando su consenso al orden existente. Tal y
como señalara Paul Nizan “en los tiempos
que corren no reconozco mas que una
virtud: ni el coraje, ni la voluntad de martirio, ni la abnegación, ni la
ceguera, sino la voluntad de entender. El único honor que nos queda es el de la
inteligencia”.
miércoles, 5 de junio de 2013
Tenemos algunas preguntas que hacerte:
¿Has intentado dar a conocer todas las situaciones de vulnerabilidad e indefensión que no puedes atender? La falta de dotación presupuestaria o de recursos no debe impedirlo. Eso podría hacerse informando a lxs Directorxs de los Centros sobre las personas que presentan necesidades sociales a las que no hemos podido dar respuesta. Lxs Directorxs, a su vez, pueden enviar a las Jefaturas del Departamento esta información y éstxs últimxs, reenviarla donde proceda (Concejal de distrito o ayuntamiento, Area de Gobierno, etc.)
¿Has tramitado las ayudas económicas aunque se haya acabado el “insuficiente” presupuesto del año? Dichas ayudas se podrían seguir tramitando si se aprecia la necesidad según nuestra valoración técnica.
¿Has sugerido (o ayudado a plantear) reclamaciones a nuestr@s usuari@s que ven limitados o negados sus derechos? También podemos facilitarles algún modo que les permita organizarse para la defensa de esos derechos.
¿Te has negado alguna vez a derivar usuari@s a organizaciones benéfico-asistenciales? ¿Y de aquellas que recortan o niegan los derechos a decidir de las mujeres?.
¿Has dado prioridad alguna vez a aquellas intervenciones que favorezcan el empoderamiento de lxs ciudadanxs?
¿Has solicitado a tu equipo directivo que genere espacios para debatir y proponer estrategias de intervención con el equipo de trabajadorxs socialxs?
¿DÓNDE ESTÁ LA DISIDENCIA EN LOS SERVICIOS SOCIALES?
El Ayuntamiento de GALAPAGAR ha puesto en marcha un proceso de privatización de los Servicios Sociales públicos del municipio. Este es el primer caso de desmantelamiento y - suponemos- posterior venta al sector privado, de este ámbito en la Comunidad de Madrid. Previamente, ya hubo un precedente en otro lugar de España: en la comarca de LOS MONEGROS, donde a finales de 2.009 y principio de 2.010 se entregó la privatización de la Atención social primaria a una Fundación sin ni siquiera pasar por el necesario concurso público.La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha revisado la última versión del Anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y en su nota de prensa del 23 de mayo en Málaga, señaló lo siguiente: “Mentiras, eufemismos e insensibilidad califican a un gobierno sin alma que vuelve a presentar el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local sin incluir ni una referencia a los servicios sociales de proximidad, e ignorando a siete millones de personas que reciben atenciones y a más de cincuenta mil trabajadores de los servicios sociales municipales”.
Y mientras, en los Centros de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, seguimos obedeciendo a la institución haciéndole el juego y contribuyendo a nuestra propia demolición. Estamos aceptando las órdenes que vienen “de arriba” sin cuestionarlas ni rebelarnos contra ellas.
Esta reforma de la Administración local está cargada de ideología; propone un desmantelamiento y venta del sistema de Servicios Sociales que amenaza la equidad y la cohesión social, poniendo en riesgo de paso nuestro futuro profesional y laboral. ¿Vamos a seguir impasibles, temerosxs o paralizadxs?
No estamos hablando de plantear una revolución pero siendo, seguramente, lxs trabajadorxs más legitimadxs para visibilizar y denunciar la pobreza estamos, sin embargo, participando, -tal y como desean los políticos que quieren acabar con los servicios sociales públicos- de la opacidad y ocultación de todas las necesidades sociales que presentan las personas que atendemos y que no podemos cubrir.
Poner hoy el peso de nuestro trabajo en la atención directa individual sin un compromiso ético y político que ayude a empoderar a lxs ciudadanxs y darle valor a los servicios sociales públicos, sólo sirve para tratar de calmar nuestra angustia frente a las grandes necesidades que presenta la ciudadanía, pero no servirá para defender el sistema público de los Servicios Sociales. En los equipos faltan profesionales (por bajas, por falta de cobertura de plazas, etc.) y son lxs que quedan en los Centros quienes atienden la totalidad de la demanda. Los equipos directivos se encargan, sobre todo y en general, de trasladar hacia abajo todas las consignas y directrices que vienen de quienes dictan las políticas, quedando algunas funciones, como dice Zigmunt Bauman (2.008: 154) “subisidiarizadas a cada empleado de forma individual, pasando de este modo la responsabilidad de los hombros de los jefes a los de los empleados”.
La atención en los Centros de Servicios Sociales recae sobre las espaldas de lxs trabajadorxs socialxs y otros profesionales (auxiliares de servicios sociales y administrativos) ocupando casi todo el tiempo de la jornada, sin dejar espacio para debatir y proponer alternativas a los modos de hacer, para repartir las cargas y responsabilidades en relación con las necesidades que presenta la población y que presentan los equipos, o para compartir la angustia e impotencia que producen los graves problemas que atendemos.
No tenemos mucho tiempo. Esto es cosa de todxs. Los equipos necesitan nuevas ideas y una fuerte implicación ética- política que nos ayude a defender los Servicios Sociales públicos antes de que los despedacen los “depredadores” de las grandes empresas privadas y sus aliados. Y, dado lo deprisa que se están tomando las decisiones que nos afectan, si no lo hacemos cuanto antes, es posible que lo lamentemos dentro de poco tiempo.
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