Hace unos meses aparecía en los medios de
comunicación la siguiente noticia “1.000 viviendas del IVIMA serán gestionadas
por Cáritas”……. y ahora esta otra nota de prensa del Ministerio de Economía y
Competitividad sobre el Fondo Estatal de Viviendas en Alquiler Social.
Traigo al debate del blog este asunto porque
considero que la vivienda se constituye como el espacio de desarrollo personal y
familiar por excelencia y en este sentido me atrevo a proponer vincular
su garantía y/o cobertura con las competencias propias de la intervención de los
servicios sociales públicos, en el ámbito local. Y recalco la palabra
públicos, porque nos encontramos en un contexto propicio de amenaza hacia una excesiva
deriva de terciarización, es decir, el aumento de la competencia del Tercer
Sector en detrimento del fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales.
Necesitamos fortalecer el sistema público de servicios sociales, porque solo un sistema
público sólido puede garantizar los derechos sociales y el acceso sin
discriminación alguna a los servicios y prestaciones.
Por lo tanto, el acceso, la
valoración y la prescripción, la planificación y la garantía de la calidad en la
provisión de servicios (facultad de inspección) son competencias del sistema
público indelegables.
¿Por qué lo llamo amenaza?, porque lejos de que la incorporación del Tercer Sector a este
ámbito de gestión (viviendas en régimen de alquiler social) pueda constituirse
en un complemento al sistema público de servicios sociales, lo que realmente
significa es que el sistema público de servicios sociales quedará si cabe más
invisibilizado y recortado tanto en el desarrollado de competencias como en la
provisión necesaria de sus recursos económicos, humanos y materiales.
Como ejemplo, el tratamiento que los medios de
comunicación hacen en relación con la situación socioeconómica, el crecimiento
de las desigualdades sociales, la pobreza (en especial la infantil) y el grave
riesgo de exclusión social de las familias españolas. Solo hace falta asomarse
a los datos ofrecidos por los medios, e incluso algunos estudios de investigación,
en los que los únicos datos aportados proceden de la atención que realiza
Cáritas ¡¡¡¡¡¡, como si los servicios sociales no tuviéramos datos que ofrecer
sobre la atención prestada a las familias y sobre las necesidades que quedan
sin cubrir por los recortes sufridos en los presupuestos públicos,
especialmente desde el año 2010. Me pregunto, ¿y por qué no se facilita esta
información en los medios de comunicación?.....aunque, este asunto es objeto de
otra reflexión.
La historia y la actualidad de los
servicios sociales no pueden entenderse sin reconocer la importancia de la
iniciativa social formada por personas y grupos que se prestan apoyo mutuo o lo
ofrecen a otras personas. Asimismo, en todo el proceso de configuración y
desarrollo de los sistemas públicos de servicios sociales, nos hemos ido
encontrando con organizaciones del tercer sector que responden a necesidades
que, de forma progresiva, empiezan a ser consideradas de responsabilidad
pública. Más aún, usualmente son las propias organizaciones no gubernamentales
las que reclaman la asunción de dicha responsabilidad pública, ejercida de una
u otra manera.
En este tipo de procesos se puede constatar
que la expansión de la responsabilidad pública en materia de servicios sociales
y la concomitante configuración del conjunto del sistema (pública y tercer
sector) no se han producido siempre de manera ordenada, existiendo numerosas zonas
de sombra en las que no quedaba (y no queda) claro el reparto y la
articulación de las iniciativas y responsabilidades.
Y por tanto, teniendo en cuenta que en el
actual contexto, el espacio y la difusión hacia el exterior que ocupa el Tercer
Sector en el ámbito de los social está creciendo exponencialmente, aunque sin
entrar a detallar las valoraciones que este asunto requeriría, me propongo
argumentar la necesidad de reflexionar sobre la oportunidad que supone que un
asunto de capital importancia como son las viviendas en régimen de alquiler
social, sean gestionadas de forma directa desde los servicios
sociales públicos.
Parto de la idea de que NO SE PUEDE NI SE DEBE SUSTITUIR LA OBLIGACIÓN Y
RESPONSABILIDAD DE LOS PODERES PÚBLICOS EN LA RESPUESTA A LAS NECESIDADES
SOCIALES, porque hoy es el tema de vivienda y mañana vendrán
paulatinamente todos los demás…………….
Teniendo en cuenta el drama humano y social que
están significando los desahucios, y ante la Nota de Prensa sobre el Fondo Social de Viviendas emitida por el Gobierno, me propongo
aportar los argumentos por los que yo considero que se deberían gestionar de
forma directa desde los servicios sociales públicos:
Existen experiencias en varios municipios españoles
de un abordaje de partida
fundamentalmente económico-financiero o jurídico, no teniéndose en
cuenta inicialmente que el problema afecta a otras dimensiones de la vida. El
bagaje de estas experiencias aconseja que no se obvien los impactos familiares
y sociales y que se dé un trato más integral a estas situaciones de lo que se
viene haciendo hasta ahora.
Es cierto que, inicialmente, los problemas de
sobreendeudamiento ligados a la adquisición de vivienda poseen una clara
dimensión económico-financiera y jurídica. Es evidente que las personas
afectadas necesitan información, asesoramiento financiero y jurídico para
afrontar la situación de quiebra sobrevenida. Pero, además de lo anterior, es
obvio que los problemas de sobreendeudamiento pueden llevar a las personas que
se encuentran en tal situación a un elevadísimo estrés y/o a un estado de shock
debido a que su proyecto vital y familiar se ha truncado abruptamente. Por ello
también necesitan apoyos sociales para el abordaje de la crisis.
Es por ello que de entre las posibles soluciones
aportadas, el FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS EN ALQUILER, (otras son la modificación
de Ley Hipotecaría, etc.), la gestión de
una parte importante de esta bolsa de viviendas se integre en el ámbito de actuación
de los servicios sociales, los cuales, aportarán una visión más integral en la
valoración y facilitando su acceso bajo los principios de responsabilidad
pública, universalidad y proximidad.
Cuando el empobrecimiento económico y la carencia
material de una población que se encontraba en situación de plena integración
social (principales destinatarios del fondo social), se prolonga en el tiempo,
tiene un demostrado efecto de traslación de la posición integrada a la
inclusión precaria o incluso a la exclusión social. El Sistema de Servicios
Sociales no puede limitarse a tratar dicha exclusión sin intentar evitar que se
produzca, actuando de manera preventiva en concordancia con lo que señalan las distintas leyes
autonómicas de Servicios Sociales.
Por tanto, el acompañamiento social como
herramienta privilegiada para afrontar problemas y fragilidades derivados de
las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social ya existentes, pasa sin
lugar a dudas, por fortalecer los Servicios
Sociales Públicos a través de un impulso, traducido por la
incorporación plena a todos los ámbitos en que la cobertura de las necesidades
sociales se encuentran tan amenazada, como es la falta de vivienda, el caso que
nos ocupa.