Desde los
Servicios Sociales Municipales seguimos constatando con indignación, cada vez
más creciente, el recorte que de forma silenciosa, sin publicidad y sin debate
político ni social se está llevando a cabo con una prestación que se supone
garantiza la cobertura de necesidades básicas para aquellas personas que se
encuentran en grave riesgo de exclusión social debido, entre otras causas, a la
carencia total de ingresos y recursos económicos, después de haber agotado
todas aquellas prestaciones contributivas y no contributivas gestionadas por la Administración Pública.
El Decreto
147/2002 que regula el reglamento de la Renta Mínima de Inserción, en su artículo 38, establece que tras solicitar la prestación, se
contestará al solicitante en un plazo máximo de 3 meses, por lo que se supone,
que si el expediente está correcto en 4 o
5 meses, la persona contaría con unos ingresos mínimos…., pero nada más
lejos de la realidad, todos los Trabajadores Sociales somos conocedores de
personas solicitantes de RMI que llevan meses y meses esperando una respuesta
por parte de C. de Madrid.
Si nos
alejamos de los casos y situaciones concretas y queremos saber que
justificación realiza la
Comunidad de Madrid, nos encontramos con cifras que no se
corresponden con la realidad de la que todos somos conscientes, para ello
hacemos referencia a algunos datos publicados la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales:
En el Balance
Anual de la Gestión
de la Renta Mínima
de Inserción en el año 2012, se publica lo siguiente: se registraron 13.923
nuevas solicitudes concediéndose en 2012 la prestación a 3.223 nuevas familias,
se archivaron 2.447 y se denegaron 1.861 expedientes, lo que no dice el Balance
es que, teniendo en cuenta la demora de más de 12 meses en la valoración de las
solicitudes, está claro que las concesiones de 2012 corresponderán a
solicitudes presentadas en 2011, pero en ese año se presentaron 12.576
solicitudes, por lo que los Trabajadores Sociales nos preguntamos: ¿qué ocurre
con estos miles de solicitudes, detrás de las que hay miles de personas?.
Con todo este
recorrido, está claro que se pretende alargar el proceso de valoración de una
solicitud de RMI durante meses y meses, situación más cercana al “vuelva usted
mañana” de una administración decimonónica que a una administración al servicio
del ciudadano del siglo XXI.
Los
Trabajadores Sociales tenemos la obligación de denunciar esta situación, ya que parece que este sector de
población cada vez más numeroso, que se encuentra en una situación de extrema
precariedad económica no se le está prestando la atención que precisan, merecen
y a la que tienen derecho.