Somos una gran mayoría de mujeres
entre los trabajadores sociales de los Servicios Sociales y también son una
gran mayoría de mujeres las personas que atendemos en dichos servicios, por lo
tanto, nosotras (y nuestros compañeros varones) debemos ser especialmente
sensibles a este problema que el ministro
Gallardón nos está creando. No podemos quedarnos impasibles ante este
ataque a todas las mujeres que supone la ley
del aborto que pretende aprobar. Confiemos en que este disparate no sea
posible por el gran rechazo y oposición que suscite en la ciudadanía, pero no
olvidemos que también puede ocurrir que el ministro se salga con la suya, dada
la cruzada que ha emprendido contra todas nosotras. Debe ser muy fuerte su
misoginia cuando es capaz de ir contra sí mismo renunciando a su propia imagen
de “demócrata” (con la que nos ha estado confundiendo muchos años) que tanto
parecía importarle sostener, por todo el prestigio y apoyo popular que le había
procurado en el pasado.
Ahora cae su máscara más que
nunca. Ahora, nuestro ministro de Justicia quiere controlar nuestros cuerpos. Un
cuerpo controlado es un cuerpo sin poder. El control del cuerpo de las mujeres
ha sido, a lo largo de la historia, un arma política para apropiarse de su
capacidad reproductiva y debilitar o anular sus posibilidades de
autodeterminación. La desigualdad social que está creciendo día a día con este capitalismo despiadado -que sólo
atiende los intereses y razones de las élites económicas- lleva incorporada la
de género, gracias al patriarcado,
el otro sistema de dominación (de los hombres sobre las mujeres) que se cuela y
sigue imponiéndose a través de las instituciones (la familia, la Iglesia, el
Estado, la escuela o los medios de comunicación).
Hoy, gracias a los avances en
igualdad de las mujeres, los discursos y las representaciones que asignan menor
valor social a éstas son más sutiles y han de ser adecuadamente disfrazados para
ocultar el deseo de dominación patriarcal, por lo tanto, hemos de estar muy
alerta para identificar bien estas trampas y ser conscientes de las
consecuencias de tal ejercicio de poder. Esta ley, en principio, no oculta demasiado la
verdadera motivación: arrancar derechos
a las mujeres y evitar que puedan decidir sobre su cuerpo, su sexualidad o su
vida. La Iglesia más retrógrada y
patriarcal está detrás de este gran obstáculo a la igualdad, pero no olvidemos
que el ministro está haciendo un verdadero ejercicio de afirmación en este
deseo de dominación (él, junto a la mayor parte de su gobierno y de su
partido). La verdadera trampa ahora es la pretensión de ocultar dicha
motivación declarando que las mujeres sólo seremos “víctimas” con esta ley. Tal
como señala Beatriz Gimeno en su artículo “No” (Diario.es, 9 de enero de 2014),
lo que pretende esta ley a cambio de librar a las mujeres de una pena concreta,
es castigarlas “porque se entiende que no son dueñas de sí mismas”. Este es el
verdadero engaño en esta ley.
No debemos consentir este atropello
y no debemos aceptar que, a cambio de admitir el supuesto de malformación del
feto como uno de los supuestos que se admitan para poder abortar, la ley nos
obligue a retroceder en nuestros derechos (manteniendo una ley de supuestos
acabando con la de plazos) y a pasar por todas esas fases de valoración,
asesoramiento clínico y asistencial y en definitiva, de control de la vida de
las mujeres.
En los Servicios Sociales somos
testigos día a día del sufrimiento que produce a las mujeres que atendemos la falta de recursos económicos, la falta de apoyos en la crianza y la falta de
oportunidades. Si la ley es aprobada, sabemos que se potenciará dicho
sufrimiento, teniendo en cuenta que, además de las dificultades y problemas que
les afectan, se están recortando los derechos sociales y se quiere desmantelar
nuestro sistema de protección. ¿Qué podremos ofrecerles?
El anteproyecto no menciona a los Servicios Sociales como los
prestadores del “asesoramiento asistencial” ya que se refiere todo el tiempo a
los profesionales del ámbito sanitario. Sin embargo, el informe sí señala que dicho
asesoramiento será “facilitado por personal de servicios sociales”, con el
mandato de explicar a la mujer lo que dice la Constitución, realizar un estudio
de sus circunstancias, así como orientar sobre
las ayudas públicas y las alternativas a la interrupción del embarazo.
Ojalá no tengamos que desempeñar este papel si finalmente se aprueba esta ley. Además
de injusto y patriarcal para todas las mujeres, como trabajadoras/es sociales,
nos obligaría a decidir entre:
1) la objeción de conciencia a la
ley (lo que supone negarse a participar en el proceso de control y valoración
de las mujeres). Esto entorpecería o impediría el ya de por sí dramático camino
hacia el aborto.
2) Apoyar con el asesoramiento
social a las mujeres que se encuentren en dicho proceso para que puedan
solicitar el aborto, ya que necesitan
varios certificados para poder acompañar la solicitud de abortar por el sistema
sanitario.
Si nos obligan a ser parte activa
de este procedimiento, siempre nos queda la vía de la objeción pero, se podría
dar la paradoja, de que la objeción puede significar tanto que no se acepta la
ley como que no se está de acuerdo con el aborto (lo cual también es legítimo,
por supuesto) y por tanto, no se quiere asesorar a la mujer.