jueves, 18 de julio de 2013

Consejería de Asuntos Sociales ORDEN 68/2013


COMUNIDAD DE MADRID
Consejería de Asuntos Sociales

ORDEN 68/2013, de 28 de enero, por la que se encomienda a la Dirección General de Inmigración la realización de determinadas actuaciones de apoyo técnico y administrativo en materia de prestación económica de Renta Mínima de Inserción.







Lleva a meses en vigor esta Orden en la que se encomienda a la Dirección General de Inmigración, Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, la revisión de la  Renta Mínima de Inserción a las familias de origen inmigrante. Revisión que consiste en abrir procesos de revisión, requerir documentación, requerir a los titulares para comparecencias personales e incluso ¿¿elaborar propuestas de resolución??

Hemos naturalizado este nuevo “atropello a l@s ciudadan@s” a través del silencio ya que el nuevo procedimiento se asume por parte de los profesionales, sin habernos cuestionado sobre el verdadero propósito: encontrar defraudadores a los que sancionar y demorar el reconocimiento a la prestación, especialmente entre la población inmigrante a la que nuevamente culpabilizar del despilfarro en el uso de los servicios públicos, tal como ya se ha hecho con la sanidad, con el supuesto argumento de la eficiencia y el ahorro en tiempos de crisis.

Estas razones, que consideramos “ideológicas” lógicamente están revestidas del eufemismo de racionalización de los recursos en la gestión. Pero pensemos por un momento que se hubiera decidido diferenciar la gestión de la R.M.I. distinguiendo entre hombre y mujeres, con hogar y sin hogar, altos y bajos, morenos y rubios, blancos y negros, etc.; seguramente nos parecería ridículo, fuera de lugar e incluso indignante……..

Hace un año fue con la retirada del acceso a la asistencia sanitaria y ahora   el acceso a la R.M.I. Sobre el discurso del “consumo de recursos”, antes sanitarios y ahora sociales se vuelve a la carga con la discriminación hacia el inmigrante. Un discurso muy enraizado en la derecha neoliberal ultraconservadora que siente, vive y comprende como amenazante al extranjero; y más en tiempos de crisis “primero para los de aquí……”

Por tanto, el simple “cambio de gestión en el procedimiento” tiene otros objetivos, que volviendo al eufemismo de pretender paliar el aumento en la sobrecarga que padece la Dirección General de Servicios Sociales arremete con la población que de forma más grave está soportando los efectos de la  situación de desempleo en nuestra sociedad, porque es la que se encuentra en situación más vulnerable y precaria.

¿Por qué esta “competencia delegada” se dirige exclusivamente a las familias de origen inmigrante?

Se pueden establecer, entre otras, algunas hipótesis:

1º.- Porque en general se argumenta que los solicitantes/perceptores de la RMI son sospechosos de fraude. Recordemos las declaraciones del Consejero de Asuntos Sociales en la prensa el mes de marzo de este año, de las que se deduce que es necesario aplicar estrategias específicas de control, abundando en el discurso “entre todos los potenciales defraudadores los inmigrantes “lo son más” y hay que “emplearse a fondo”. Se percibe, por tanto, una creencia ideológica discriminatoria,  encubierta por el eufemismo de la eficiencia de la gestión de los recursos públicos.
¿Todo esto es coherente con las competencias que tiene atribuidas la Comunidad de Madrid en materia de promoción y ayuda a los grupos sociales necesitados de especial atención, de tal forma que se procure su incorporación al proceso de desarrollo económico y social y se eviten, en todo caso, las formas más dramáticas de exclusión?.

2º.- Porque los CEPIs, espacios y lugar de encuentro entre autóctonos y extranjeros, dependientes de la citada Dirección General tienen escaso contenido y ésta nueva encomienda puede validar su continuidad. Es preciso señalar que el personal que trabaja en estos centros está contratado por empresas privadas y está realizando tareas propias de la función pública (dar fé, comprobar documentación que mantiene derechos o los elimina, etc.).   
Y no satisfechos con esta tarea de revisar los procedimientos, también se les ha encargado la misión de organizar la comparecencia anual de todas las personas y unidades familiares perceptoras de la prestación. Y ya sabemos lo que ocurrió durante el año 2012: suspensiones cautelares inmediatas, sin posibilidad de alegación/recurso, solo por no haber comparecido; aunque no se hubiera justificado el acuse de recibo de la notificación (mínima  garantía jurídica en cualquier procedimiento administrativo).

 Parece entonces, que el principio inspirador de los Planes de Convivencia Interculturales de cualquier municipio en la mitad de la década del 2000, incluso de la propia Administración Autonómica cuando existía una Consejería de Inmigración “Facilitar el acceso a los recursos en igualdad de condiciones, para garantizar la Igualdad de Oportunidades y Derechos” ha quedado en papel mojado. La crisis lo arrasa todo, lo justifica todo.
La equiparación social independientemente del origen, etnia o cualquier otro rasgo utilizado como elemento discriminatorio y la inclusión social, como forma de asegurar una calidad de vida digna, son pues objetivos desfasados.





Las/os trabajadores sociales, de los Centros de Servicios Sociales municipales, conocedores de primera mano de estas situaciones podríamos tomar conciencia de esta grave discriminación y denunciarla, a través de varias estrategias:

1ª.- Visibilizar cualitativa y cuantitativamente esta situación, recogiendo datos, poniéndolos en común en nuestros lugares de trabajo.

2ª.-  Difundir esta información a través del Colegio Profesional,  organizaciones y asociaciones en defensa de los servicios públicos y entidades específicas de lucha contra la discriminación y el racismo.

3ª.- Ser portavoces de este nuevo atropello.

4ª.- Empoderar a los/as solicitantes y perceptores de la R.M.I. para que denuncien y reivindiquen sus derechos, gravemente amenazados.