Lleva a meses en vigor esta Orden en la que
se encomienda a la Dirección General de Inmigración, Consejería de Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, la revisión de la Renta Mínima de Inserción a las familias de
origen inmigrante. Revisión que consiste en abrir procesos de revisión,
requerir documentación, requerir a los titulares para comparecencias personales
e incluso ¿¿elaborar propuestas de resolución??
Hemos naturalizado este nuevo “atropello a
l@s ciudadan@s” a través del silencio ya que el nuevo procedimiento se asume
por parte de los profesionales, sin habernos cuestionado sobre el verdadero
propósito: encontrar defraudadores a los que sancionar y demorar el reconocimiento
a la prestación, especialmente entre la población inmigrante a la que
nuevamente culpabilizar del despilfarro en el uso de los servicios públicos,
tal como ya se ha hecho con la sanidad, con el supuesto argumento de la
eficiencia y el ahorro en tiempos de crisis.
Estas razones, que consideramos
“ideológicas” lógicamente están revestidas del eufemismo de racionalización de
los recursos en la gestión. Pero pensemos por un momento que se hubiera
decidido diferenciar la gestión de la R.M.I. distinguiendo entre hombre y
mujeres, con hogar y sin hogar, altos y bajos, morenos y rubios, blancos y
negros, etc.; seguramente nos parecería ridículo, fuera de lugar e incluso
indignante……..
Hace un año fue con la retirada del acceso
a la asistencia sanitaria y ahora el
acceso a la R.M.I. Sobre el discurso del “consumo de recursos”, antes
sanitarios y ahora sociales se vuelve a la carga con la discriminación hacia el
inmigrante. Un discurso muy enraizado en la derecha neoliberal
ultraconservadora que siente, vive y comprende como amenazante al extranjero; y
más en tiempos de crisis “primero para los de aquí……”
Por tanto, el simple “cambio de gestión en el
procedimiento” tiene otros objetivos, que volviendo al eufemismo de pretender
paliar el aumento en la sobrecarga que padece la Dirección General de Servicios
Sociales arremete con la población que de forma más grave está soportando los
efectos de la situación de desempleo en
nuestra sociedad, porque es la que se encuentra en situación más vulnerable y
precaria.
¿Por qué esta “competencia delegada” se
dirige exclusivamente a las familias de origen inmigrante?
Se pueden establecer, entre otras, algunas hipótesis:
1º.- Porque
en general se argumenta que los solicitantes/perceptores
de la RMI son sospechosos de fraude. Recordemos las declaraciones del Consejero
de Asuntos Sociales en la prensa el mes de marzo de este año, de las que se
deduce que es necesario aplicar estrategias específicas de control, abundando
en el discurso “entre todos los potenciales defraudadores los inmigrantes “lo
son más” y hay que “emplearse a fondo”. Se percibe, por tanto, una creencia
ideológica discriminatoria, encubierta
por el eufemismo de la eficiencia de la gestión de los recursos públicos.
¿Todo esto es coherente con las competencias que tiene atribuidas la Comunidad de Madrid en materia de
promoción y ayuda a los grupos sociales necesitados de especial
atención, de tal forma que se procure su incorporación al proceso de
desarrollo económico y social y se eviten, en todo caso, las formas más
dramáticas de exclusión?.
2º.- Porque los CEPIs, espacios y lugar de encuentro entre autóctonos y
extranjeros, dependientes de la citada Dirección General tienen escaso contenido
y ésta nueva encomienda puede validar su continuidad. Es preciso señalar que el
personal que trabaja en estos centros está contratado por empresas privadas y
está realizando tareas propias de la función pública (dar fé, comprobar
documentación que mantiene derechos o los elimina, etc.).
Y no satisfechos con esta tarea de revisar los procedimientos, también se les
ha encargado la misión de organizar la comparecencia anual de todas las
personas y unidades familiares perceptoras de la prestación. Y ya sabemos lo
que ocurrió durante el año 2012: suspensiones cautelares inmediatas, sin
posibilidad de alegación/recurso, solo por no haber comparecido; aunque no se
hubiera justificado el acuse de recibo de la notificación (mínima garantía jurídica en cualquier procedimiento
administrativo).
Parece entonces, que el principio inspirador de los Planes de Convivencia
Interculturales de cualquier municipio en la mitad de la década del 2000,
incluso de la propia Administración Autonómica cuando existía una Consejería de
Inmigración “Facilitar el acceso a los recursos en igualdad de condiciones,
para garantizar la Igualdad de Oportunidades
y Derechos” ha quedado en papel mojado. La crisis lo arrasa todo, lo justifica todo.
La equiparación social
independientemente del origen, etnia o cualquier otro rasgo utilizado como
elemento discriminatorio y la inclusión
social, como forma de asegurar una calidad de vida digna, son pues
objetivos desfasados.