Hemos de garantizar los derechos de las personas que acceden a ellos aunque
esto nos suponga hacer un ejercicio de “asertividad” ante nuestros superiores.
Así se me ocurre que:
-El “derecho a una atención individualizada que respete su
identidad y dignidad” conlleva, a veces, a denunciar situaciones en las que se
“cierran agendas” porque se están generando listas de espera por la falta de
cobertura de puestos de trabajo.
- El derecho a “la continuidad en la prestación de la ayuda
o servicio en los términos establecidos o convenidos, siempre que se mantengan
las condiciones que originaron su concesión” obliga a que, independientemente,
del Presupuesto existente los trabajadores sociales continuemos realizando la
tramitación de prestaciones mayores y, por supuesto, la revisión de éstas.
Somos
técnicos sociales y nuestro trabajo es valorar situaciones sociales,
individuales, grupales y comunitarias.
Los
trabajadores sociales de base contamos con el Informe Social como documento
para ello, el cual incorporamos en el expediente de tramitación de cualquier
prestación. Los informes económicos no son potestad nuestra. Ante una situación
que requiera una ayuda económica de emergencia social y ayuda económica
temporal hemos de incoar el expediente, de acuerdo a la Ordenanza que en cada
municipio rija, de todos y cada uno de los ciudadanos en los que se cumplan los
requisitos y quede justificado en el Informe Social y no en función de la
partida económica estipulada para ello. No hacerlo supone invisibilizar una
realidad que tenemos al lado. Otros deberán, en el caso de denegación por
causas económicas, dar resolución motivada de la misma.
Os
animo a todos a que aportéis vuestros comentarios, dudas, reflexiones, y
dificultades así como a dar las respuestas que como profesionales podemos hacer
en el día a día en “Imaginar futuros posibles”.