Hemos de garantizar los derechos de las personas que acceden a ellos aunque esto nos suponga hacer un ejercicio de “asertividad” ante nuestros superiores. Así se me ocurre que:

  -El “derecho a una atención individualizada que respete su identidad y dignidad” conlleva, a veces, a denunciar situaciones en las que se “cierran agendas” porque se están generando listas de espera por la falta de cobertura de puestos de trabajo.

 - El derecho a “la continuidad en la prestación de la ayuda o servicio en los términos establecidos o convenidos, siempre que se mantengan las condiciones que originaron su concesión” obliga a que, independientemente, del Presupuesto existente los trabajadores sociales continuemos realizando la tramitación de prestaciones mayores y, por supuesto, la revisión de éstas.

            Somos técnicos sociales y nuestro trabajo es valorar situaciones sociales, individuales, grupales y comunitarias.

        Los trabajadores sociales de base contamos con el Informe Social como documento para ello, el cual incorporamos en el expediente de tramitación de cualquier prestación. Los informes económicos no son potestad nuestra. Ante una situación que requiera una ayuda económica de emergencia social y ayuda económica temporal hemos de incoar el expediente, de acuerdo a la Ordenanza que en cada municipio rija, de todos y cada uno de los ciudadanos en los que se cumplan los requisitos y quede justificado en el Informe Social y no en función de la partida económica estipulada para ello. No hacerlo supone invisibilizar una realidad que tenemos al lado. Otros deberán, en el caso de denegación por causas económicas, dar resolución motivada de la misma.

   

          Os animo a todos a que aportéis vuestros comentarios, dudas, reflexiones, y dificultades así como a dar las respuestas que como profesionales podemos hacer en el día a día en “Imaginar futuros posibles”.