No podemos quedarnos impasibles

Somos una gran mayoría de mujeres entre los trabajadores sociales de los Servicios Sociales y también son una gran mayoría de mujeres las personas que atendemos en dichos servicios, por lo tanto, nosotras (y nuestros compañeros varones) debemos ser especialmente sensibles a este problema que el ministro Gallardón nos está creando. No podemos quedarnos impasibles ante este ataque a todas las mujeres que supone la ley del aborto que pretende aprobar. Confiemos en que este disparate no sea posible por el gran rechazo y oposición que suscite en la ciudadanía, pero no olvidemos que también puede ocurrir que el ministro se salga con la suya, dada la cruzada que ha emprendido contra todas nosotras. Debe ser muy fuerte su misoginia cuando es capaz de ir contra sí mismo renunciando a su propia imagen de “demócrata” (con la que nos ha estado confundiendo muchos años) que tanto parecía importarle sostener, por todo el prestigio y apoyo popular que le había procurado en el pasado.

Ahora cae su máscara más que nunca. Ahora, nuestro ministro de Justicia quiere controlar nuestros cuerpos. Un cuerpo controlado es un cuerpo sin poder. El control del cuerpo de las mujeres ha sido, a lo largo de la historia, un arma política para apropiarse de su capacidad reproductiva y debilitar o anular sus posibilidades de autodeterminación. La desigualdad social que está creciendo día a día con este capitalismo despiadado -que sólo atiende los intereses y razones de las élites económicas- lleva incorporada la de género, gracias al patriarcado, el otro sistema de dominación (de los hombres sobre las mujeres) que se cuela y sigue imponiéndose a través de las instituciones (la familia, la Iglesia, el Estado, la escuela o los medios de comunicación).

Hoy, gracias a los avances en igualdad de las mujeres, los discursos y las representaciones que asignan menor valor social a éstas son más sutiles y han de ser adecuadamente disfrazados para ocultar el deseo de dominación patriarcal, por lo tanto, hemos de estar muy alerta para identificar bien estas trampas y ser conscientes de las consecuencias de tal ejercicio de poder.  Esta ley, en principio, no oculta demasiado la verdadera motivación:  arrancar derechos a las mujeres y evitar que puedan decidir sobre su cuerpo, su sexualidad o su vida. La Iglesia más retrógrada y patriarcal está detrás de este gran obstáculo a la igualdad, pero no olvidemos que el ministro está haciendo un verdadero ejercicio de afirmación en este deseo de dominación (él, junto a la mayor parte de su gobierno y de su partido). La verdadera trampa ahora es la pretensión de ocultar dicha motivación declarando que las mujeres sólo seremos “víctimas” con esta ley. Tal como señala Beatriz Gimeno en su artículo “No” (Diario.es, 9 de enero de 2014), lo que pretende esta ley a cambio de librar a las mujeres de una pena concreta, es castigarlas “porque se entiende que no son dueñas de sí mismas”. Este es el verdadero engaño en esta ley.

No debemos consentir este atropello y no debemos aceptar que, a cambio de admitir el supuesto de malformación del feto como uno de los supuestos que se admitan para poder abortar, la ley nos obligue a retroceder en nuestros derechos (manteniendo una ley de supuestos acabando con la de plazos) y a pasar por todas esas fases de valoración, asesoramiento clínico y asistencial y en definitiva, de control de la vida de las mujeres.  

En los Servicios Sociales somos testigos día a día del sufrimiento que produce a las mujeres que atendemos  la falta de recursos económicos,  la falta de apoyos en la crianza y la falta de oportunidades. Si la ley es aprobada, sabemos que se potenciará dicho sufrimiento, teniendo en cuenta que, además de las dificultades y problemas que les afectan, se están recortando los derechos sociales y se quiere desmantelar nuestro sistema de protección. ¿Qué podremos ofrecerles?

El anteproyecto no menciona a los Servicios Sociales como los prestadores del “asesoramiento asistencial” ya que se refiere todo el tiempo a los profesionales del ámbito sanitario. Sin embargo, el informe sí señala  que dicho asesoramiento será “facilitado por personal de servicios sociales”, con el mandato de explicar a la mujer lo que dice la Constitución, realizar un estudio de sus circunstancias, así como orientar sobre  las ayudas públicas y las alternativas a la interrupción del embarazo. Ojalá no tengamos que desempeñar este papel si finalmente se aprueba esta ley. Además de injusto y patriarcal para todas las mujeres, como trabajadoras/es sociales, nos obligaría a decidir entre:

1) la objeción de conciencia a la ley (lo que supone negarse a participar en el proceso de control y valoración de las mujeres). Esto entorpecería o impediría el ya de por sí dramático camino hacia el aborto.

2) Apoyar con el asesoramiento social a las mujeres que se encuentren en dicho proceso para que puedan solicitar el aborto,  ya que necesitan varios certificados para poder acompañar la solicitud de abortar por el sistema sanitario.

Si nos obligan a ser parte activa de este procedimiento, siempre nos queda la vía de la objeción pero, se podría dar la paradoja, de que la objeción puede significar tanto que no se acepta la ley como que no se está de acuerdo con el aborto (lo cual también es legítimo, por supuesto) y por tanto, no se quiere asesorar a la mujer.